Nueva Gestión Pública en Colombia: la salud como derecho o negocio?

En la década de los 90 se empezaba a dudar sobre la sostenibilidad de los estados del bienestar europeos. Se criticaban los servicios públicos por ser ineficientes e incapaces de responder adecuadamente a los nuevos riesgos y las necesidades sanitarias que conlleva el envejecimiento de la población y consecuentemente el aumento en enfermedades crónicas. La privatización de centros de salud u hospitales enteros y la externalización de servicios sanitarios, bien sean clínicos o no clínicos, son tendencias que siguen las ideas de la Nueva Gestión Pública, que, a partir de los años 90, ha impactado a diversos países. Aunque estas ideas surgieron en los estados del bienestar (países “desarrollados”), estas fueron extrapoladas a países en otras condiciones. Colombia es un ejemplo donde no solo muchos proveedores de servicios sanitarios han sido privatizados siguiendo estas ideas, sino que también la mayoría de las aseguradoras, las llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS) son privadas. Las ideas de la Nueva Gestión Pública no han demostrado lograr una mayor eficiencia, independientemente del nivel económico del país. Además, en el sistema sanitario colombiano, estas ideas han conducido a una profunda crisis. Veremos porque:

En el sistema sanitario colombiano, con su modelo de financiación de Seguridad Social, las EPS son unas intermediarias a las cuales los ciudadanos se deben afiliar para poder obtener los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) a los cuales por ley tienen derecho – y los cuales son proveídos por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las EPS cuentan con dos regimenes de afiliación: el régimen contributivo para los empleados o las personas con capacidad de pago mediante cotizaciones y el régimen subsidiado para las poblaciones de bajos ingresos. Las cotizaciones son recolectadas por un asegurador público en un fondo llamado Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Por su parte, el FOSYGA se encarga de distribuir los recursos a las EPS a través de pólizas de pago llamadas Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo cual quiere decir que las EPS reciben más recursos económicos entre más afiliados tengan. Por lo tanto, estas intermediarias compiten en un mercado para atraer a los clientes a afiliarse con ellos, fomentando así su rentabilidad económica. Esto conlleva a que las EPS tienen un ánimo de lucro que absorbe los recursos del sistema, haciendo negocios perversos con el derecho a los servicios sanitarios para la salud de los colombianos.

Desafortunadamente se ha demostrado que el aseguramiento a los servicios de salud en Colombia por medio de las afiliaciones a las EPS no equivalen a la garantía de acceso a dichos servicios, dado que a miles de pacientes se les ha negado la prestación de servicios sanitarios a los cuales debería tener derecho. El mayor problema está en que las EPS tienen deudas a las IPS que en la totalidad del sistema superan los 2 billones de dólares. Como consecuencia, las IPS no se muestran demasiado animadas a prestar servicios gratuitos y por defecto le niegan servicios a los pacientes. Las negaciones de servicios y sus repercusiones burocráticas a las que los pacientes se ven sometidos, dirigiéndolos incesablemente a diferentes instancias, a dado paso a lo que popularmente es llamado el paseo de la muerte, debido al riesgo de salud que se les impone a los pacientes al negarle servicios sanitarios. El paseo de la muerte conlleva a una prolongación del sufrimiento de los pacientes, a consecuencias clínicas negativas y en algunos casos, literalmente; a la muerte.

Evidentemente, el problema de financiación del sistema sanitario en Colombia es el gran enemigo del pueblo, ya que la corrupción conlleva a que los recursos no sean utilizados donde más se necesitan. Las EPS han demostrado tener un ánimo de lucro éticamente inaceptable, ya que han puesto en juego la salud de los colombianos, conllevando a que el mercado no ha podido distribuir equitativamente los recursos y por lo tanto no se garantiza un acceso justo a los servicios sanitarios, lo cual ha promovido las inequidades en salud de la población. Debido a la débil jurisdicción colombiana, con sus elevados niveles de corrupción, las ideas de la Nueva Gestión Pública, privatizando proveedores y aseguradoras de salud en Colombia, han colocado al sistema sanitario colombiano en una gran tensión financiera y ha dejado una insostenibilidad severa que va a ser difícil de resolver…


- Salomón